Sería para nosotros un enorme placer el poder tratar el tema de la interpretación judicial en positivo, pero lamentablemente las noticias que van saliendo en la prensa al respecto no son nada esperanzadoras. La última vez (hace ya casi dos años) hablamos de la situación vergonzosa que se había dado en la Audiencia Nacional, en el juicio contra 19 manifestantes por el asedio al Parlament del 15 de junio de 2011. Desde entonces se han dado más situaciones esperpénticas.
La jueza Pilar de Luna, magistrada del Juzgado de lo Penal número 29 de Madrid, en varias ocasiones ha tenido que pronunciar estas palabras: “Lo siento. Debe usted abandonar la sala. No tiene capacidad para traducir en un juicio oral”, palabras dirigidas a los que habían sido enviados a traducir a sus juicios. La jueza «ha optado por liderar el combate contra las deficiencias que en ocasiones se producen en el servicio de interpretación judicial. Pero no está sola. Las principales asociaciones de jueces, fiscales y abogados, así como los propios traductores judiciales, coinciden en denunciar que el servicio de interpretación simultánea presenta deficiencias por la baja cualificación del personal.» Esta noticia de elperiodico.com se remonta al 2013, pero nada, hasta ahora parece que quien podría poner remedio a la situación tercermundista prefiere seguir haciendo chapuzas.
Y aquí van unos extractos de otro artículo publicado en eldiario.es en 2014: «Traducir lo que dice un detenido o un acusado en las comisarías y juzgados españoles se ha convertido en un buen negocio. El aumento de los casos con extranjeros desbordó hace años las redes de intérpretes que manejaba la Administración de Justicia o la Policía así que éstas optaron por dejar esa solución en manos del sector privado. […] El negocio de las licitaciones suma, al año, más de 12 millones de euros según una revisión de los pliegos de licitación que realizó la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales (APTIJ), grupo muy crítico con la situación actual. […] “Se ha establecido la precariedad y falta de filtro de calidad a la hora de enviar un intérprete a un juicio”, cuenta su presidente, Juan Miguel Ortega.
[…] APTIJ señala algunos casos llamativos como el de una mujer cuyo intérprete en un caso de violencia machista aconsejaba volver con su pareja o un intérprete que trataba de extorsionar a un marinero implicado en un caso de tráfico de drogas. […] Las asociaciones de traductores resumen la cuestión en que “las empresas pueden cobrar 30 euros a la hora por cada intérprete que envían a un juzgado pero el profesional puede estar cobrando ocho” ».Nada más que añadir, Señoría…
Fuentes: eldiario.es, elperiodico.com
