Traducción e interpretación en los juzgados | Deltatext

El 25 de septiembre se debatió en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley sobre regulación de la formación de los traductores e intérpretes judiciales y jurados que se relacionan con la Administración de Justicia (ya le dedicamos un post a este tema en julio).

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Este punto del debate (palabras del Sr. Castillo Calvín) resume el contenido de la propuesta: «[…] insta al Gobierno a desarrollar, en colaboración con los diferentes colectivos de traductores e intérpretes judiciales y jurados, un plan formativo con el que dotar a este colectivo profesional de unos requisitos mínimos y uniformes de formación que garanticen su cualificación. Igualmente, solicitamos la creación de un registro de ámbito nacional dependiente del Ministerio de Justicia, en colaboración con las comunidades autónomas. […]»

No nos corresponde a nosotros entrar en discusiones políticas, así que queremos concentrarnos en lo que realmente nos atañe, que es la atención y consideración que nuestra profesión en general, y el grupo relacionado con el Poder Judicial en particular, merecen.

En julio comentamos que la propuesta en sí nos parecía buena, pero que queríamos ser cautos y seguir su progreso. Ahora nos interesa subrayar que la cuestión no se reduce a la escasa formación del traductor/intérprete, aunque este siempre tiene su parte de responsabilidad, ya que todo profesional, antes de aceptar un encargo, debería comprobar su capacidad para llevarlo a cabo con un buen nivel de calidad. En muchas ocasiones el problema es más amplio e incluye el sistema en general, con las empresas concesionarias del servicio y la misma Administración Pública. Todos sabemos que a menudo las empresas licitantes de este tipo de servicio ofrecen precios a la baja que impiden contratar a buenos profesionales (y por supuesto la Administración Pública los acepta); por lo tanto, lo único que consiguen es la colaboración de personas que conocen un idioma y seguramente tienen mucha buena voluntad, pero no están lo suficientemente preparadas para una actuación apropiada. A esto hay que añadir que en algunos casos los intérpretes no reciben a tiempo la documentación relativa al proceso, así que resulta evidente como el problema implique más responsables. Nos interesa mucho subrayar esta cuestión, ya que sabemos con certeza que hay muchísimos profesionales que podrían encargarse de forma más que satisfactoria de estos servicios, pero creemos que habría que mejorar todo el mecanismo y atreverse a hablar de forma realista también de lo que implica y vale la colaboración de un traductor/intérprete especializado.

Fuentes: elperiodico.com/es/noticias/sociedad, ala.org.es, congreso.es

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