El día 7 de julio Europa Press publicó esta noticia: «El PP ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a impulsar un plan de formación de los traductores e intérpretes judiciales y jurados, así como a crear el correspondiente Registro, en colaboración con las comunidades autónomas. […] Con esta proposición, los “populares” buscan que se tomen medidas para “asegurar” la profesionalidad de estas personas, que son “una pieza clave” en los procesos judiciales cuando las partes que acuden a él no hablan el castellano o las lenguas cooficiales de las distintas comunidades autónomas. Según expone el PP en el texto, la actuación de estos profesionales es “imprescindible” para cumplir con la tutela judicial efectiva que contempla la Constitución, si bien actualmente la legislación, y singularmente la Ley Orgánica del Poder Judicial, no hace referencia a la manera en la que han de desarrollar su actuación o a los requisitos que han de cumplir.»
Habrá que seguir el desarrollo de esta propuesta antes de “lanzar las campanas al vuelo”, pero la idea nos parece buena, siempre y cuando vaya de verdad acompañada de la aplicación de normas adecuadas con respecto a las condiciones de contratación de traductores e intérpretes judiciales y jurados. Lo que nos gustaría evitar, es que se repitiesen casos como los del juicio sobre la Operación Puerto (el mayor juicio por dopaje en España), que desprestigian la profesión, y no siempre con razón, ante la opinión pública:
«Los problemas con la traducción de las declaraciones en el juicio de la Operación Puerto han llamado la atención de los periodistas internacionales acreditados. […] Lo peor vino con la declaración del médico alemán Yorck Olaf Schumacher, un experto independiente contratado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que había escogido declarar en inglés. La traductora no podía traducir lo que decía. Nadie se enteraba de nada. La jueza anunció un receso. La intérprete se defendió asegurando que la habían contratado el día antes y que no había podido estudiar el informe científico en inglés. La jueza no habría tenido que hacer un receso si se hubieran seguido las Prevenciones para mejorar la Traducción e Interpretación en procedimientos judiciales aprobadas por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Así lo señaló en un comunicado la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes días después de la declaración fallida de Schumacher. En esa guía se establece que los intérpretes deben estar previamente informados del contenido de los actos procesales y han de ser evaluados previamente por el juez, el encargado de velar que se cumplen todas las garantías procesales. La falta de buenas traducciones en los juicios ha sido denunciada en varias ocasiones por jueces e intérpretes.»
Fuentes: europapress.es, ccaa.elpais.com
